Mañana le pediremos al juez que tome las medida que correspondan para tener la seguridad jurídica y garantizar el pago de los haberes atrasados y la continuidad de las operaciones" de la compañía, anticipó Jaime en declaraciones a la prensa. El funcionario fundó la decisión en "la grave situación del no pago de sueldos y aportes sociales de los trabajadores y los problemas que se registran en la operación" de Aerolíneas y Austral, en declaraciones a la prensa.
Jaime y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmaron un documento con los sindicatos, después de una prolongada reunión el miércoles, festivo por el Día de la Independencia.
El gobierno hará la presentación ante la justicia en lo Comercial, donde se tramita el Concurso Preventivo de la empresa desde octubre.
El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Jorge Pérez, dijo que los gremios se sumarán a la presentación para pedir garantías de cobro de los haberes y contribuciones sociales atrasadas.
En el acta firmada, ambas partes manifestaron que "están de acuerdo en que resulta indispensable tomar estas medidas, ante la crisis que afecta a las empresas, y la falta de respuesta de parte de los responsables de la gestión de las mismas".
Por su parte, el ministro de Trabajo exhortó a los gremios "a asegurar en los próximos 60 días, el normal desarrollo de las relaciones laborales con la empresa y la prestación de los servicios aéreos en todos los sectores, preservando los derechos de los usuarios".
Del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, el 85% es del Grupo Marsans, el 10% empleados y el 5% Estado, pero en mayo pasado, se acordó el ingreso de capitales públicos y privados a la compañía, que aún no se ha cristalizado.
El pasivo de la empresa podría superar ya los 400 millones de dólares y en los últimos meses los salarios de los 9.000 empleados se pagaron con créditos del estatal Banco Nación, reveló el diario Clarín el miércoles.
Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y en octubre de 2001 el grupo español pasó a controlar la compañía con casi el 95% de las acciones, por un valor simbólico de un dólar, mientras que el Estado aportó un subsidio de 700 millones de dólares para cubrir pasivos.
