El recurso de inconstitucionalidad se ha presentado poco después de que la ley entrara en vigor al aparecer hoy publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
El Constitucional tiene que decidir ahora si admite a trámite el recurso, en cuyo caso se suspende la aplicación de la ley durante cinco meses, de manera que el referéndum no podría celebrarse en octubre como pretendía el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, destacó en sede parlamentaria la actuación "inmediata" del Ejecutivo al interponer el recurso contra la ley.
"El recurso ante el Tribunal Constitucional es un recurso que tiene efectos suspensivos, por lo cual la ley no va a entrar en vigor y este referéndum inconstitucional e ilegal no va a celebrarse", matizó Alonso.
El portavoz socialista recordó que la consulta popular planteada por Ibarretxe, además de ser contraria a la Constitución, que prevé el voto de todo el pueblo español en este tipo de asuntos, viola claramente las competencias del Estado.
El Partido Popular tiene previsto presentar su propio recurso contra la ley vasca, pero Alonso quiso dejar claro que sólo el recurso del Ejecutivo puede suspender la celebración del referéndum.
Por su parte el Consejo de Gobierno vasco, ajeno a las decisiones del Gobierno central, habilitó el pasado martes una partida de 5,1 millones de euros para la celebración de la consulta del 25 de octubre.
Los máximos responsables de PNV y EA se reunieron este lunes para analizar la situación que se generará tras el recurso y acordaron convocar una primera reunión entre PNV, EA y EB-Berdeak y, posteriormente, con Aralar "para analizar y coordinar todas las iniciativas -tanto jurídicas como políticas, institucionales y en su caso sociales- que en las próximas semanas puedan desarrollarse de cara a defender la ley de consulta aprobada por el Parlamento vasco".