El Gobierno tripartito acordó un texto de cinco puntos que fue avanzado por el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, en el que se le indica al Constitucional que en caso de que no se pronuncie antes de esa fecha levante la suspensión de la ley para evitar "el perjuicio irreparable e irreversible de hacer imposible la celebración de la consulta".
Mientras tanto, y según señala el tercer punto del acuerdo, el Gobierno tripartito vasco "convencido de la legalidad y la conveniencia de la consulta" continuará "preparándola con normalidad para hacer efectiva la decisión del Parlamento Vasco y dar cauce a la voluntad de esta sociedad".
En el caso de que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, el Gobierno vasco se reserva, según señala el texto del acuerdo, "todas las iniciativas legales, sociales y políticas para la defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este país".
Finalmente, el lehendakari, Juan José Ibarretxe anunció que el Gobierno remitirá el citado acuerdo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.