El fiscal Ignacio Gordillo ha solicitado también que se deduzca testimonio para que el Juzgado competente de San Sebastián investigue el presunto alzamiento de bienes en el que ha podido incurrir De Juana o su esposa, Irati Aranzabal, con el objetivo de no hacer frente a la deuda que tiene pendiente.
El embargo preventivo, que ha sido solicitado a la sección primera de la Sala de lo Penal, que fue la que dictó la última sentencia contra el terrorista, en la que fue condenado a tres años de prisión por amenazas, no implica que su mujer, propietaria de la casa, y él tengan que abandonar la vivienda.
